La cadena de ropa interior femenina Lili Pink se convirtió esta semana en el centro de uno de los operativos más grandes ejecutados por la Fiscalía General de la Nación contra el sector textil en Colombia. En una acción simultánea desplegada en 59 municipios de 25 departamentos, fueron intervenidos 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, en el marco de un proceso de extinción de dominio que destapó un esquema de presunto Lavado de Activos y contrabando con cifras multimillonarias.
El origen de la investigación:
La operación no se activó por una denuncia ciudadana ni por un informante externo, el proceso inició desde el 2022. Un sistema de control digital interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales conocido internamente como “el ojo de la DIAN” detectó comportamientos irregulares en el acceso a bases de datos tributarias por parte de algunos funcionarios. Las alertas apuntaban a solicitudes de devolución de IVA fuera de los patrones habituales y a facturas utilizadas con un doble propósito: reclamar devoluciones al Estado y dar apariencia legal a mercancía ingresada al país sin los trámites aduaneros correspondientes.
No obstante, los antecedentes son anteriores. Desde 2014 y 2015, el área de inteligencia de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) había identificado esa misma modalidad en los almacenes Tierra Santa, y estableció que el esquema se replicaba en otras cadenas comerciales. Según el general en retiro y exdirector de la POLFA Juan Carlos Buitrago, quien participó en las primeras fases de la investigación, los recursos no se destinaban exclusivamente al Lavado de Activos: parte del dinero llegaba a fondos vinculados a grupos islámicos en Oriente Próximo con fines de Financiamiento del Terrorismo. Al parecer Lili Pink estaría usando la misma modalidad.
Las cifras consolidadas al cierre de la investigación justificaron la magnitud del operativo: un presunto Lavado de Activos superior a los 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito estimado en más de 430.000 millones, aprehensiones de mercancía avaluadas en más de 54.000 millones por parte de la DIAN, y un contrabando adicional que superaría los 75.000 millones de pesos.
Pasaron cuatro años entre la alerta y la acción:
Aunque las primeras señales se registraron en 2022, el operativo de extinción de dominio se ejecutó cuatro años después. En ese intervalo, la red habría continuado operando. Esta tardanza plantea preguntas concretas sobre la capacidad del sistema judicial colombiano para actuar con mayor rapidez frente a estructuras de crimen financiero organizadas, particularmente cuando estas operan detrás de negocios con alta rotación comercial y fachada legal consolidada.
Otras cadenas en la mira:
Buitrago fue directo al respecto: “Actualmente, otras importadoras de comercio y muebles son investigadas en coordinación con la Fiscalía”. Lo que comenzó como la detección de un patrón irregular en una cadena de almacenes se extendió hasta convertirse en una operación de alcance nacional que cuestiona la solidez de los controles sobre el comercio minorista en Colombia.
Por ahora, las tiendas de Lili Pink permanecerán abiertas bajo administración de la Fiscalía mientras avanza el proceso judicial. El caso, sin embargo, tiene implicaciones que van más allá de la marca investigada: cadenas de retail con amplia presencia territorial pueden operar como vehículos de Lavado de Activos y Financiadores del Terrorismo durante años sin activar los mecanismos convencionales de control.
Para empresas con exposición al mercado colombiano, el expediente de Lili Pink constituye una señal de alerta sobre los riesgos de exposición indirecta a redes de crimen financiero integradas en estructuras comerciales aparentemente legítimas.
Desde Risks International hacemos un llamado concreto. Primero, a las autoridades colombianas: la detección temprana no tiene valor si el aparato judicial no está en capacidad de actuar sobre ella en tiempos razonables. La inteligencia financiera debe traducirse en medidas cautelares con mayor celeridad, o seguirá siendo un ejercicio de documentación tardía.
Segundo, la Debida Diligencia sobre contrapartes comerciales no puede limitarse solo a la verificación de listas restrictivas. Casos como este demuestran que el riesgo de exposición indirecta a redes de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo puede estar integrado en estructuras con décadas de operación, presencia nacional y apariencia de solidez empresarial. Las organizaciones deben fortalecer sus propios sistemas de monitoreo de terceros y mantener una revisión periódica de sus cadenas de valor, especialmente en sectores donde el contrabando y la subfacturación constituyen riesgos estructurales documentados.
Reflexiones
Es un caso donde una vez más, se evidencia la materialización de los riesgos asociados al Lavado de Activos, es decir hoy vemos como una marca con más de 20 años de presencia en el mercado es noticia y no por hechos positivos. Su logo se encuentra en diferentes portales, lo cual genera desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, reflejada en pérdida de clientes, disminución de ingresos y procesos judiciales.
En cuanto al riesgo legal, se evidencian irregularidades en el manejo de información tributaria, por lo que de acuerdo con los resultados de la investigación, deberán rendir cuentas a la DIAN y a su entidad vigilante.
Si nos preguntamos ¿Qué falló?, el estado de causales sería extenso. Sin embargo, inicialmente la compañía pudo haberse dejado llevar por el generar ingresos sin ser plenamente consciente de los riesgos que se materializarían, una vez se descubrieran los hechos, afectando así una imagen construida, así como la misma operación.
Fuentes:
Spanish
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