Revisión de los índices y su correlación con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupción

Por Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB y Rene M Castro of rics management

Hoy 11 de agosto de 2025 es un día lamentable para la democracia que se junta a otros hitos que afectan los certámenes electorales en la región. Por lo anterior, publico este artículo que apareció en la Segunda Edición de La Revista de mi amiga y destacada colega de la #ComunidaddeCompliance, Giny Paola Monzón Rivera que desde Prevención del Lavado RD lidera la lucha contra el crimen organizado.

Como dijo Juan Cruz Amirante en la Conferencia Anual AML 2025 de Uruguay: «Dato mata relato», convirtiéndose es una frase que sirve para que los lectores con evidencia contrastable revisen la situación actual de la democracia y para que los #OficialesdeCumplimiento calibren sus modelos ALA/CFTC/CFPADM.

El Foro Económico Mundial a principios de 2025 publicó el denominado “Reporte Global de Riesgo 2025”[1], en el que hay riesgos dentro los primeros 15 lugares que socavan la democracia como los conflictos armados basados entre Estados; confrontación geográfica; información indebida y desinformación; polarización social; desplazamiento y migración involuntaria y; crimen y actividad económica ilícita. En ese orden de ideas, el reporte dice que el aumento de la vigilancia de los ciudadanos por parte del Estado y las restricciones a las libertades individuales pueden convertirse en algo habitual en el nombre de la seguridad nacional, por lo que las amenazas percibidas o reales procedentes de otros países también proporcionan una apertura para que los gobiernos se hagan con el control de las narrativas y supriman la información, quizás difuminando las líneas entre las auténticas consideraciones de seguridad y la conveniencia política. Lo que conduce a que los gobiernos puedan adoptar medidas que disminuyan la transparencia del gasto público, por ejemplo cuando se trata de financiar partes en un conflicto en el extranjero. Todas estas son condiciones que ayudarán a los regímenes autoritarios a consolidar su poder y pueden llevar a que los regímenes democráticos adopten características más autoritarias.

Por su parte el estudio denominado “Riesgo Político América Latina 2025” [2] publicado por el Centro UC Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, dentro de los 10 riesgos de la región señala, la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico; corrupción estructural; nueva ola migratoria y deportaciones masivas; democracia sin delivery y avance del autoritarismo y; desinformación y polarización tóxica. Todo lo cual se refleja en un vaivén de la democracia que se mueve entre la resiliencia, el estancamiento y el retroceso. Así las cosas, vale la pena hacer referencia a lo mencionado por los editores Jorge Sahd K., Daniel Zovatto y Diego Rojas, quienes sostiene que la “democracia en Latinoamérica, al igual que la tendencia global, refleja una marcada heterogeneidad: mientras algunos países cuentan con democracias de alta calidad, otros enfrentan democracias defectuosas, estancadas, regímenes híbridos o directamente autoritarios.” Lo que demuestra la “incapacidad de los gobiernos democráticos para responder de manera efectiva a las crecientes demandas ciudadanas incrementa el malestar social, profundiza la desconfianza en las instituciones y los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, debilita el apoyo popular a la democracia y eleva los niveles de insatisfacción. Esto genera un terreno fértil para la “eficracia autoritaria” y el ascenso de líderes PAPA (personalistas, con discurso anti-política, populistas y autoritarios), quienes prometen soluciones rápidas y efectivas, pero a costa del debilitamiento del estado de derecho y la democracia misma.” Por lo que “en  2025, será fundamental continuar protegiendo la integridad de las elecciones y blindar a los organismos electorales frente a críticas infundadas y ataques ilegales. Solo así se podrá garantizar la legitimidad de origen, pilar esencial para la estabilidad democrática.”

Para contrarrestar estos desafíos, dicen los editores del estudio, “es necesario implementar una agenda rigurosa que no solo proteja y fortalezca la democracia, aumentando su capacidad para dar resultados concretos (delivery), sino que también la repiense. En este sentido, resulta imprescindible avanzar en la innovación político-institucional resulta imprescindible para encontrar soluciones democráticas a los problemas de la democracia.”

El World Population Review publica el Democracy Dictatorship Index by Country 2025[3] que comenzó a elaborarse en 2006 y ofrece una foto instantánea del estado de la democracia en el mundo en más de 160 Estados independientes y dos territorios, que abarca casi la totalidad de la población mundial y la gran mayoría de los Estados del mundo y se basa en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles, que se muestra en el siguiente mapa:

La Economist Intelligence Unit es una unidad de negocios independiente en el grupo The Economist., que en 2024 publicó el Democracy Index[4] en el que se clasifican los países en democracias completas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios, que las califican en categorías como libertades civiles, pluralismo y procesos electorales, funcionamiento del gobierno, cultura política y participación política, que se refleja en el siguiente mapa:

El Banco Mundial cuenta con los Indicadores de Gobernanza Mundial[5] que registra información entre 1996 y 2023, que incluyen, voz y rendición de cuentas; estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo; eficacia gubernamental; calidad reguladora; Estado de derecho y; control de la corrupción, que para el caso del segundo indicador, el mapa se muestra así:

De acuerdo con el AML Index 2024 del Instituto de Gobernanza de Basilea[6] coincide la calificación de riesgo alto de Haití, Venezuela y Nicaragua con su régimen político. Y lo mismo sucede con el Perception Corruption Index 2024[7] que deja a Nicaragua, Venezuela y Haití como los peores calificados en la región, lo que una vez confirma que la política tiene incidencia en la transparencia. Lo cual debe llamar la atención de la Comunidad de Compliance y conforme con los índices vistos es necesario y urgente un Compliance Electoral que coincida con las regulaciones existentes en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay que su normatividad antilavado y anticorrupción dejan como sujeto obligado a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.

Para el caso de Colombia, la Circular Conjunta 006 de 2019 expedida entre la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Consejo Nacional Electoral, tiene como objetivo prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en los procesos electorales, que se traduce en la obligación a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos de contar con procedimientos de debida diligencia para conocer a sus candidatos, proveedores, contratistas, empleados y cualquier contraparte; llevar a cabo un control de ingresos y gastos y a reportar operaciones sospechosas. El revisor fiscal tiene el deber de verificar que dicha norma se cumpla.

En ese sentido, es de vital importancia proteger los certámenes electorales, evitar las fake news y capacitar a los ciudadanos para que conozcan las herramientas que aseguran una democracia y el mantenimiento del Estado de derecho y no se pitan los ejemplos negativos de la región.

Juan Pablo Rodríguez C.

Abogado Penalista. Escritor, conferencista y consultor internacional. Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica del MIT. Certificado en Compliance CESCOM® de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, 2020. Certified Lead Auditor, Lead Implementer y Trainer en ISO 37001 Gestión Anti-soborno, PECB, 2020. Certified Professional in Anti-Money Laundering – CPAML de FIBA (Florida International Bankers Association). Certified on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals of Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016. Autor del libro, Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control, Segunda edición, 2025. Presidente y Socio de RICS Management Colombia y Guatemala.

[1] Ver Informe completo en: https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025/

[2] Ver Informe completo en: https://centroestudiosinternacionales.uc.cl/publicaciones/publicaciones-ceiuc/6865-riesgo-politico-america-latina-2025

[3] Ver Informe completo en: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/

[4] Ver Informe completo en: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/

[5] Ver Informe completo en: https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators

[6] Ver Informe completo en: https://baselgovernance-org.translate.goog/publications/basel-aml-index-2024?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

[7] Ver Informe completo en: https://www.transparency.org/en/cpi/2024