Compliance Electoral

Riesgos democráticos, crimen organizado y el imperativo del Compliance Electoral:

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto de 2025 ha sacudido profundamente a la sociedad colombiana, reactivando temores que muchos creían superados. Este crimen, ocurrido en medio de un clima de polarización política, desinformación y creciente desconfianza institucional, no solo representa una tragedia humana, sino también un punto de inflexión que obliga a revisar las condiciones estructurales que permiten que la violencia política resurja en pleno siglo XXI.

Colombia tiene una historia marcada por el uso sistemático de la violencia como herramienta para reconfigurar el poder. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 que desencadenó el Bogotazo y dio inicio a décadas de conflicto armado hasta los magnicidios de líderes como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla y Carlos Pizarro en las décadas de 1980 y 1990, el país ha sido testigo de cómo la eliminación física de figuras públicas puede alterar el curso institucional, bloquear reformas sociales y sembrar el miedo en la ciudadanía.

El caso de Miguel Uribe, el primero de su tipo en más de treinta años, demuestra que las causas estructurales que alimentan esta violencia como la exclusión política, el conflicto agrario, la penetración del narcotráfico y la debilidad institucional siguen vigentes. Su asesinato no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón histórico en el que los líderes que representan alternativas políticas, reformas estructurales o procesos de paz se convierten en blancos de agresión.

El Crimen organizado y su incidencia en la política:

El magnicidio de Miguel Uribe no puede analizarse de forma aislada. En Colombia, la infiltración del crimen organizado en la política ha sido una constante histórica. La financiación ilegal de campañas, el lavado de activos y el uso de la violencia para influir en decisiones políticas son prácticas que amenazan la legitimidad democrática.

  • La Circular Conjunta 006 de 2019 entre la UIAF y el CNE establece obligaciones claras para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en procesos electorales.
  • Los partidos políticos, movimientos y grupos significativos deben implementar controles de debida diligencia, monitoreo de ingresos y gastos, y reportes de operaciones sospechosas.

Este marco normativo, aunque robusto, requiere una implementación rigurosa y una cultura de cumplimiento que trascienda el mero formalismo.

Causas estructurales: Tierra, exclusión y narcotráfico

Los magnicidios en Colombia responden a una combinación de factores profundos:

  • Conflicto agrario: La falta de una reforma agraria efectiva ha generado tensiones históricas en el campo. Líderes que promueven redistribución de tierras o desafían intereses rurales establecidos suelen ser blanco de violencia.
  • Exclusión política: Movimientos alternativos nacidos de procesos de paz, como la Unión Patriótica o el M-19, han sido sistemáticamente eliminados. Esto revela una resistencia estructural a la ampliación democrática y al pluralismo político.
  • Narcotráfico: El crimen organizado ha financiado grupos armados, infiltrado instituciones y promovido el uso del terror como herramienta de control. El “narcoterrorismo” ha distorsionado el conflicto y debilitado la capacidad del Estado para proteger a sus líderes.

Contexto Regional: Democracias en riesgo

Diversos informes internacionales advierten sobre el deterioro de la calidad democrática en América Latina:

  • El “Reporte Global de Riesgo 2025” del Foro Económico Mundial identifica el crimen organizado, la desinformación y la polarización como amenazas clave para la democracia.
  • El estudio “Riesgo Político América Latina 2025” de la Universidad Católica de Chile señala la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción estructural como factores que erosionan la legitimidad democrática.
  • Índices como el Democracy Index (The Economist Intelligence Unit), el AML Index (Basel Institute) y el Perception Corruption Index (Transparency International) muestran correlaciones entre regímenes autoritarios y altos niveles de riesgo financiero y criminal.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional, especialmente en contextos electorales.

El rol del Compliance Electoral: 

Frente a estos desafíos, el Compliance Electoral emerge como una defensa crucial para proteger la integridad de los procesos democráticos. No se trata solo de cumplir normativas, sino de establecer un sistema robusto que blinde las elecciones de la influencia del dinero ilícito, garantizando la equidad y la legitimidad de sus resultados. El Compliance Electoral implica la implementación de medidas de prevención y control para evitar que fondos provenientes del lavado de activos o la financiación del terrorismo se infiltren en las campañas políticas y los partidos.

Esto incluye la realización de una Debida Diligencia rigurosa sobre candidatos, proveedores, contratistas y cualquier contraparte; un estricto control de ingresos y gastos de campaña; y el reporte de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

En Colombia, la Circular Conjunta 006 de 2019, expedida entre la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Consejo Nacional Electoral, es un claro ejemplo de cómo se busca prevenir y controlar el LA/FT en el contexto electoral, estableciendo obligaciones concretas para partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. En este marco, el revisor fiscal desempeña un papel fundamental al verificar el cumplimiento de dicha normativa.

¿Qué nos queda por hacer? Retos y compromisos para proteger la democracia

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay no sólo nos obliga a mirar hacia atrás, sino también a proyectarnos hacia adelante. La persistencia de la violencia política en Colombia revela que los esfuerzos por construir una democracia sólida y resiliente aún enfrentan obstáculos estructurales. La historia nos ha enseñado que la eliminación de líderes no sólo silencia voces individuales, sino que debilita el tejido institucional, erosiona la confianza ciudadana y abre espacios para el autoritarismo y la captura criminal del poder.

Ante este panorama, es urgente avanzar en una agenda de fortalecimiento democrático que combine prevención, transparencia y participación:

  • Fortalecer los mecanismos de Compliance Electoral: No basta con tener normas; se requiere implementación efectiva, supervisión independiente y cultura de cumplimiento en todos los niveles del sistema político.
  • Blindar la financiación política: La trazabilidad de los recursos, la Debida Diligencia sobre donantes y contratistas, y la auditoría permanente son esenciales para evitar que intereses ilegales se infiltren en las campañas.
  • Educar a la ciudadanía: La alfabetización política, la lucha contra la desinformación y la promoción de una cultura democrática son herramientas clave para reducir el umbral de la violencia y fortalecer el debate público.
  • Proteger a los líderes sociales y políticos: La seguridad no debe ser un privilegio, sino una garantía institucional para quienes ejercen liderazgo en contextos de alta vulnerabilidad.
  • Reconstruir la confianza institucional: La transparencia, la rendición de cuentas y la independencia de los organismos de control son pilares para restaurar la legitimidad del Estado.

La democracia no se defiende únicamente en las urnas, sino en cada norma que se cumple, en cada líder que se protege y en cada ciudadano que participa libremente. El magnicidio es una forma extrema de censura política, y su persistencia nos recuerda que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia activa de justicia, legalidad y pluralismo.

Desde Risks International, como empresa comprometida con la ética, la legalidad y la prevención del crimen organizado, rechazamos de manera categórica todo acto de violencia, terrorismo, corrupción y criminalidad que atente contra la vida, la democracia y el Estado de derecho. Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia electoral y la construcción de una sociedad más justa, segura y democrática para todos.

Fuentes:

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