En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca cerrar las brechas que los delincuentes explotan. Recientemente, una advertencia contundente ha resonado desde el Ministerio de Defensa: la extinción de dominio se aplicará de manera implacable a los vehículos de carga que sean cómplices de actividades ilícitas. Esta medida, lejos de ser una simple amenaza, representa un golpe directo a las finanzas de las estructuras criminales y una llamada de atención crucial para el gremio transportador.
Durante años, la modalidad de utilizar camiones para el transporte de mercancías ilegales, desde combustible robado hasta insumos para el narcotráfico, ha sido un eslabón vital en la cadena logística del crimen. Esta práctica no solo facilita el movimiento de sustancias prohibidas, sino que también provee recursos nuevos a grupos armados y organizaciones delictivas que, con esos mismos fondos, continúan sembrando el terror, extorsionando, secuestrando y atentando contra la infraestructura del país. La decisión del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de poner en el ojo de la extinción de dominio a estos vehículos, marca un antes y un después en esta batalla. Siendo una medida que busca desmantelar la capacidad operativa de estas redes, atacando donde más les duele: su patrimonio.
¿Qué es la Extinción de Dominio y por qué es tan poderosa?
Para entender la magnitud de esta advertencia, es fundamental comprender qué significa la extinción de dominio. En términos sencillos, es un proceso legal mediante el cual el Estado colombiano puede declarar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes que han sido adquiridos o utilizados para actividades ilícitas, sin que exista una compensación para el propietario, en Colombia, este proceso está regulado por la Ley 1708 de 2014 complementada por la Ley 1773 de 2016, que introduce reformas para hacer más eficiente el proceso. A diferencia de un decomiso o una incautación, la extinción de dominio no requiere una condena penal previa del dueño del bien; basta con demostrar que el activo está vinculado a una actividad ilegal.
Su poder radica precisamente en su capacidad para despojar a los criminales de sus ganancias y herramientas, incluso si estos logran evadir la justicia penal. Es una herramienta poderosa diseñada para golpear las finanzas de las organizaciones delictivas, impidiéndoles reinvertir el dinero ilícito y debilitando su estructura. Cuando un camión es objeto de extinción de dominio, no solo se pierde el vehículo, sino que se afecta directamente la capacidad logística y económica de la red criminal que lo empleaba.
Beneficios de la Ley 1708 de 2014:
1. Recuperación de bienes:
La ley permite que el Estado recupere bienes que han sido utilizados para actividades ilícitas, evitando que sigan contribuyendo al financiamiento de organizaciones criminales. Estos bienes pueden incluir vehículos de carga, propiedades inmobiliarias, dinero en efectivo y otros activos, los cuales pueden ser reasignados para usos legítimos, como el fortalecimiento de programas sociales o el equipamiento de las fuerzas de seguridad. Esta medida representa un golpe directo a la infraestructura criminal, dificultando su capacidad de operar y expandirse.
2. Fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad:
La extinción de dominio se ha convertido en una herramienta clave para frenar delitos como el narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando. Al eliminar los recursos financieros y logísticos de los criminales, el Estado reduce significativamente la capacidad de estos grupos para seguir operando. Además, esta medida incentiva la prevención, pues aquellos que participan directa o indirectamente en actividades ilícitas saben que pueden perder sus bienes, lo que disuade la corrupción y el delito.
3. Poder del Estado:
La ley refuerza la capacidad del Estado para intervenir en la economía y confiscar activos ilícitos sin necesidad de una condena penal previa. Este aspecto es fundamental, ya que permite actuar con mayor rapidez y efectividad, evitando largos procesos judiciales que muchas veces dificultan la acción contra el crimen organizado. Gracias a este mecanismo, el Estado logra controlar y redistribuir bienes de manera eficiente, destinándolos a sectores que realmente los necesitan, como la educación, la salud y la infraestructura pública.
Impacto de la Ley en la sociedad:
La implementación de esta ley tiene un impacto profundo en diversos sectores de la sociedad. Al garantizar que los criminales no puedan disfrutar de los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas, se envía un mensaje claro sobre la importancia de la legalidad y el respeto por el Estado de derecho. Esta política no sólo despoja a los delincuentes de los recursos que les permiten operar, sino que también mejora la seguridad ciudadana al debilitar las estructuras del crimen organizado.
Esta ley también protege a sectores económicos vulnerables, como el gremio transportador, asegurando que los actores legítimos no sean perjudicados por prácticas ilegales. Al combatir el uso de camiones en el contrabando y el narcotráfico, se fortalece la economía formal y se promueve un entorno más seguro para las empresas y trabajadores que dependen de la logística y el transporte.
Las razones detrás de la decisión del Ministro de Defensa:
El anuncio del ministro Pedro Sánchez responde a una serie de investigaciones que han revelado el uso sistemático de camiones en el transporte de gasolina robada y otros productos ilegales. Según el funcionario, estas actividades tienen una conexión directa con el narcotráfico y deben ser castigadas de manera ejemplarizante.
Además, el Gobierno ha identificado que los vehículos de carga pesada utilizados en el contrabando y el tráfico de drogas contribuyen al financiamiento de grupos armados ilegales, los cuales representan una amenaza para la seguridad nacional. Por esta razón, la extinción de dominio se presenta como una estrategia efectiva para debilitar sus operaciones.
¿Qué prácticas específicas conllevan a la extinción de dominio?
Si bien la advertencia es clara, es importante detallar las prácticas que, de ser detectadas, podrían llevar a la extinción de dominio de un vehículo de carga:
- Transporte de combustible robado: Esta es la práctica más mencionada por el ministro. Implica el movimiento de gasolina, diésel o cualquier otro derivado del petróleo que haya sido extraído ilegalmente de oleoductos, refinerías o cualquier otra fuente.
- Transporte de insumos para el narcotráfico: Cualquier sustancia química, precursora o material utilizado en la producción de drogas ilícitas que sea transportado en un camión puede ser objeto de extinción de dominio.
- Transporte de drogas ilícitas: Evidentemente, el transporte de cocaína, marihuana, heroína o cualquier otra sustancia psicoactiva ilegal es una causa directa de extinción de dominio.
- Contrabando: El movimiento de mercancías de manera ilegal, evadiendo los controles aduaneros y tributarios, también entra en el radar de esta medida. Esto puede incluir desde productos manufacturados hasta alimentos, siempre que se demuestre la ilegalidad de su origen o ingreso al país.
- Lavado de Activos a través del transporte: Si un camión es utilizado como parte de una operación de lavado de activos para dar apariencia de legalidad a dineros de origen ilícito, también puede ser objeto de extinción de dominio.
- Cualquier actividad ilícita conexa al narcotráfico: El ministro fue enfático en la conexidad con el narcotráfico, lo que amplía el espectro. Esto significa que incluso actividades que no son directamente narcotráfico, pero que lo financian o apoyan, pueden llevar a la extinción de dominio.
Consecuencias de la extinción de dominio:
La aplicación de la extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales tendrá un impacto significativo en varios sectores:
- Propietarios de vehículos: Aquellos dueños de camiones que permitan el uso de sus vehículos en actividades ilícitas perderán la propiedad de los mismos, sin derecho a compensación.
- Sector transportador: La medida busca proteger a los transportadores honestos, evitando que sean víctimas de extorsión o que sus vehículos sean utilizados sin su consentimiento en delitos.
- Grupos criminales: Al privarlos de un recurso clave para sus operaciones, se espera que su capacidad de movilización y financiamiento se vea afectada.
- Seguridad nacional: La reducción del uso de camiones en el crimen organizado contribuirá a mejorar la seguridad en las carreteras y a disminuir los atentados contra la infraestructura del país.
Un llamado urgente a la responsabilidad y a la legalidad:
Esta nueva estrategia contra el uso de camiones en actividades ilegales es una señal clara de la determinación del Estado para combatir el crimen organizado desde diferentes frentes. Para el gremio transportador, esta advertencia debe ser tomada con la seriedad que amerita. No se trata sólo de evitar una sanción legal, sino de proteger un sector vital de la economía colombiana y de contribuir a la construcción de un país más seguro.
Es fundamental que los propietarios de vehículos de carga refuercen sus controles internos, verifiquen la legalidad de las cargas que transportan y denuncien cualquier actividad sospechosa. La colaboración entre las autoridades y el sector privado es clave para desmantelar estas redes criminales y garantizar que el transporte de carga sea una actividad exclusivamente ligada a la legalidad y al desarrollo del país. La extinción de dominio se establece, así como un poderoso recordatorio de que ser cómplice de la ilegalidad, consciente o inconscientemente, tiene un precio muy alto.
Prevención y soluciones tecnológicas para el sector transporte:
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Redacción: Luisa Caicedo
Fuentes:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56475
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