Adem\u00e1s, la UIAF present\u00f3 cifras sobre su gesti\u00f3n en los \u00faltimos tres a\u00f1os, como el n\u00famero de productos de inteligencia financiera difundidos, el valor estimado de recursos detectados y la ausencia de requerimientos judiciales o reportes de operaciones sospechosas relacionados con las personas mencionadas. Tambi\u00e9n se hizo referencia al estado actual de la cooperaci\u00f3n internacional en el intercambio de informaci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n
Postura de la UIAF frente a la inclusi\u00f3n en la Lista OFAC:<\/strong><\/h3>\n\n\n\nEn su comunicado oficial, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) expres\u00f3 una posici\u00f3n firme frente a la inclusi\u00f3n del presidente Gustavo Petro, su familia y el ministro del Interior en la Lista OFAC. La entidad calific\u00f3 esta medida como contraria al debido proceso y se\u00f1al\u00f3 que desconoce la trayectoria del presidente como servidor p\u00fablico, as\u00ed como los resultados obtenidos por su administraci\u00f3n en la lucha contra delitos financieros y conexos.<\/p>\n\n\n\n
La UIAF defendi\u00f3 su gesti\u00f3n institucional destacando avances significativos en inteligencia financiera y control de actividades il\u00edcitas. Entre los principales logros mencionados se encuentran:<\/p>\n\n\n\n
\n- Entre agosto de 2022 y septiembre de 2025, se difundieron 999 productos de inteligencia financiera, frente a los 527 del cuatrienio anterior.<\/li>\n\n\n\n
- Se identificaron operaciones por un valor estimado de $169,73 billones, lo que representa un incremento del 232 por ciento respecto al periodo anterior.<\/li>\n\n\n\n
- No se han recibido solicitudes judiciales, nacionales o internacionales, relacionadas con el presidente, la primera dama o Nicol\u00e1s Petro Burgos por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferaci\u00f3n de armas.<\/li>\n\n\n\n
- La UIAF aclar\u00f3 que no existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre el presidente ni sobre la primera dama.<\/li>\n\n\n\n
- En la b\u00fasqueda selectiva, no se encontraron v\u00ednculos que relacionen a Nicol\u00e1s Petro Burgos con actividades de lavado de activos o financiamiento il\u00edcito.<\/li>\n\n\n\n
- Un informe solicitado por autoridad judicial no vincula al ministro Benedetti con actividades relacionadas a estos delitos.<\/li>\n\n\n\n
- Aunque se mencion\u00f3 una suspensi\u00f3n, la UIAF contin\u00faa vinculada al Grupo Egmont<\/a> y mantiene el intercambio seguro de informaci\u00f3n a trav\u00e9s del mecanismo UIF Directo de GAFILAT.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Para ampliar el an\u00e1lisis, la firma Risks International realiz\u00f3 entrevistas a conocedores en la materia, quienes ofrecieron una visi\u00f3n t\u00e9cnica sobre las implicaciones de esta decisi\u00f3n. Sus aportes permiten entender mejor el alcance de la medida, sus posibles efectos en la institucionalidad colombiana y los escenarios que podr\u00edan derivarse en el corto y mediano plazo.<\/p>\n\n\n\n
Entre los consultados por Risks International<\/a> se encuentra Daniel Fernando Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez (www.danielfjimenez.com<\/a>), consultor especializado en prevenci\u00f3n de lavado de activos y lucha contra la corrupci\u00f3n. Su experiencia en el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas y en el an\u00e1lisis de riesgos financieros le permite ofrecer una perspectiva t\u00e9cnica sobre los alcances de la inclusi\u00f3n en la Lista OFAC y sus posibles implicaciones para el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n\u00bfC\u00f3mo interpreta usted la afirmaci\u00f3n de la UIAF de que esta inclusi\u00f3n \u201cviola el debido proceso\u201d y se basa en \u201ccriterios pol\u00edticos sin soporte probatorio\u201d? \u00bfQu\u00e9 precedentes existen en el derecho internacional sobre este tipo de se\u00f1alamientos?<\/strong><\/h4>\n\n\n\nAntes de responder directamente, Jim\u00e9nez hace una precisi\u00f3n importante: el presidente colombiano no fue incluido en la \u201cLista Clinton\u201d. En efecto, revisando en detalle el caso del presidente colombiano, su esposa, uno de sus hijos y el ministro del interior, se advierte que contra lo dicho en medios acad\u00e9micos y de prensa, la OFAC no invoc\u00f3 la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, que es la que corresponde a la “Lista Clinton”, sino la Orden Ejecutiva 14059 del 15 de diciembre de 2021, expedida bajo el gobierno de Joe Biden, con lo cual esta podr\u00eda denominarse “Lista Biden”<\/p>\n\n\n\n
A partir de esta distinci\u00f3n, el consultor explica que ambas listas comparten reglas generales y efectos similares en Colombia. Entre ellos, destaca que:<\/p>\n\n\n\n
1. i) Para la inclusi\u00f3n de una persona en estas listas no se requiere que est\u00e9 investigada, o haya sido condenada por narcotr\u00e1fico; es una mera liberalidad de la OFAC; ii) Estas Ordenes Ejecutivas le proh\u00edben a todos los ciudadanos y empresas de los Estados Unidos de Am\u00e9rica hacer negocios con las personas enlistadas; iii) Advierten que incluir\u00e1n en las mismas listas a quien, sea estadounidense o no, haga negocios con los enlistados, inclusi\u00f3n que fatalmente conlleva la prohibici\u00f3n a todos los ciudadanos y empresas de los Estados Unidos de Am\u00e9rica de hacer negocios con las personas enlistadas; iv) Si el enlistado, en una u otra, tiene una cuenta corriente, el banco colombiano se la puede cerrar y si solicita su apertura se la puede negar, porque la Corte Constitucional colombiana, acu\u00f1ando la expresi\u00f3n “causal objetiva”, lo autoriz\u00f3 de tiempo atr\u00e1s; v) Estas \u00f3rdenes ejecutivas no son vinculantes en Colombia, entendiendo “vinculante”, como aquello que las autoridades locales pueden exigir se cumpla y reprochar si no se cumple. <\/p>\n\n\n\n
A lo anterior, Jim\u00e9nez a\u00f1ade que esta disposici\u00f3n no est\u00e1 contemplada en la Orden Ejecutiva 12978 de 1995, pero s\u00ed en la Orden Ejecutiva 14059, lo que hace m\u00e1s gravosa la inclusi\u00f3n de una persona en la denominada \u201cLista Biden\u201d. Explica que, si un banco colombiano proporciona o intenta proporcionar apoyo financiero a las personas enlistadas, adem\u00e1s del banco, tambi\u00e9n pueden ser incluidos sus accionistas mayoritarios, su funcionario ejecutivo principal (es decir, el representante legal) y otros directivos, quienes adem\u00e1s quedar\u00edan sujetos a la prohibici\u00f3n de ingreso a los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Entrando a responder la pregunta, Daniel indica que es necesario precisar que la principal raz\u00f3n invocada por la OFAC es que Colombia sigue siendo el primer productor y exportador mundial de coca\u00edna. En ese sentido, las cifras publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito \u2013 UNODC muestran que en Colombia los cultivos de hoja de coca pasaron de 154 mil a 253 mil hect\u00e1reas de 2019 a 2023, como tambi\u00e9n que la productividad de clorhidrato de coca\u00edna pas\u00f3 de 1137 a 2664 toneladas m\u00e9tricas, esto es un aumento del 30% durante el mismo lapso. En consecuencia, aunque las incautaciones en 2023 fueron las m\u00e1s elevadas durante el lustro examinado, esto es 746 toneladas m\u00e9tricas, porcentualmente corresponden al porcentaje m\u00e1s bajo, apenas el 28%, en tanto que, por ejemplo, en el a\u00f1o 2021 las incautaciones fueron del 47%. Mientras tanto, Per\u00fa no llega a las 100 mil hect\u00e1reas y Bolivia apenas alcanza las 30 mil.<\/p>\n\n\n\n
El consultor Jim\u00e9nez hace la precisi\u00f3n de que, a pesar de los se\u00f1alamientos contenidos en el comunicado de la OFAC, no existe evidencia de que el presidente Gustavo Petro haya \u201cparticipado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferaci\u00f3n internacional de drogas il\u00edcitas\u201d, ni de que se haya \u201caliado con el r\u00e9gimen narcoterrorista de Nicol\u00e1s Maduro Moros y el C\u00e1rtel de Los Soles\u201d, como se afirma en dicho documento. De hecho, se\u00f1ala que ni el presidente, ni su esposa, ni sus hijos, ni el ministro del Interior han tenido en el pasado, ni tienen en la actualidad, investigaciones penales en Colombia o en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
Jim\u00e9nez se\u00f1ala que, en ese contexto, la inclusi\u00f3n del presidente colombiano, su esposa, uno de sus hijos y el ministro del Interior en la denominada \u201cLista Biden\u201d puede considerarse, desde el punto de vista del derecho procesal constitucional colombiano, como una violaci\u00f3n al debido proceso. No obstante, aclara que esta interpretaci\u00f3n no aplica desde la perspectiva de las facultades del presidente de los Estados Unidos, cuyas decisiones en esta materia \u2014desde la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, conocida como la \u201cLista Clinton\u201d\u2014 no han sido limitadas por decisiones judiciales, ni en territorio estadounidense ni por cortes internacionales.<\/p>\n\n\n\n
El consultor a\u00f1ade que los afectados por este tipo de medidas no han acudido a instancias judiciales para impugnarlas, posiblemente porque sus asesores legales les han advertido sobre lo poco probable de obtener un resultado favorable en ese camino.<\/p>\n\n\n\n
Esto sin perjuicio de la solicitud que, amigablemente, se le puede hacer directamente a la OFAC, para que retire determinado nombre de alguna lista, tr\u00e1mite que, seg\u00fan afirma Jim\u00e9nez algunos colombianos han activado exitosamente, como detalla en la siguiente respuesta.<\/p>\n\n\n\n
De otra parte, conforme reporta colombiacheck.com, en el Informe Mundial sobre las Drogas de UNODC para 2022 los Estados Unidos ten\u00edan 6\u2019450.000 consumidores de coca\u00edna, lo que equivale al 28% del total mundial.<\/p>\n\n\n\n
El consultor Jim\u00e9nez plantea que, en consecuencia, la lucha contra el narcotr\u00e1fico entre el principal pa\u00eds productor y uno de los mayores consumidores debe desarrollarse de manera arm\u00f3nica, resolviendo sus diferencias por la v\u00eda diplom\u00e1tica y articulando sus capacidades en inteligencia estrat\u00e9gica y potencia militar.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, no descarta que, m\u00e1s temprano que tarde, la estrategia global frente a las drogas pueda dar un giro de 180 grados. En su an\u00e1lisis, recuerda c\u00f3mo Franklin D. Roosevelt puso fin en 1933 a la prohibici\u00f3n del consumo de bebidas alcoh\u00f3licas en Estados Unidos, lo que elimin\u00f3 la producci\u00f3n clandestina y abri\u00f3 la puerta a un mercado l\u00edcito que, en el caso del whisky, alcanza hoy un consumo cercano a los 500 millones de litros anuales en ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Jim\u00e9nez sugiere que, con suficiente respaldo cient\u00edfico y creatividad institucional, podr\u00eda encontrarse una v\u00eda similar para enfrentar la producci\u00f3n clandestina de clorhidrato de coca\u00edna y mitigar sus efectos nocivos sobre la salud f\u00edsica y mental de los consumidores. En ese sentido, destaca los avances que ya se han logrado en varios pa\u00edses en materia de descriminalizaci\u00f3n del consumo.<\/p>\n\n\n\n
Volviendo al cuestionario, el consultor se\u00f1ala que el precedente m\u00e1s relevante sobre este tipo de se\u00f1alamientos es el que corresponde al que el 25 de julio de 2025 hizo la OFAC, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, al designar al \u201cC\u00e1rtel de los Soles grupo criminal liderado por Nicol\u00e1s Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos\u201d como Terrorista Global Especialmente Designado. <\/p>\n\n\n\n
Esta medida complementa la Orden Ejecutiva 13884 del 5 agosto de 2019, mediante la cual se hab\u00eda ordenado el bloqueo de bienes propiedad o bajo el control, directa o indirectamente, del Gobierno de Venezuela y se dispuso que estos \u201c(\u2026) no podr\u00e1n ser transferidas, pagadas, exportadas, retiradas ni comercializadas de ninguna otra forma (\u2026)\u201d. Es por esto que ni el gobierno colombiano, ni empresas colombianas han podido adquirir Mon\u00f3meros, empresa p\u00fablica industrial venezolana, bloqueada a pesar de estar domiciliada en Barranquilla.<\/p>\n\n\n\n
En el mensaje que el 27 de julio de 2025, en su cuenta de X, public\u00f3 el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se precisa el clima que impera entre ambos gobiernos: \u201cMaduro NO es el presidente de Venezuela y su r\u00e9gimen NO es el gobierno leg\u00edtimo. Maduro es el l\u00edder del C\u00e1rtel de Los Soles, una organizaci\u00f3n narcoterrorista que se ha apoderado de un pa\u00eds. Y est\u00e1 acusado de introducir drogas en Estados Unidos.\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Daniel Jim\u00e9nez a\u00f1ade que, seg\u00fan el Departamento de Estado \u201cMaduro particip\u00f3 en una conspiraci\u00f3n narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designada Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera. De acuerdo con esa versi\u00f3n oficial, Maduro negoci\u00f3 cargamentos de varias toneladas de coca\u00edna producida por las FARC; orden\u00f3 al C\u00e1rtel de los Soles que proporcionara armas de uso militar a las FARC; coordin\u00f3 con narcotraficantes en Honduras y otros pa\u00edses para facilitar el narcotr\u00e1fico a gran escala; y solicit\u00f3 asistencia a los l\u00edderes de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el C\u00e1rtel de los Soles.\u201d. Y agrega que, en marzo de 2020, Maduro fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiraci\u00f3n para importar coca\u00edna, posesi\u00f3n de ametralladoras y dispositivos destructivos\u201d, como tambi\u00e9n que, en las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, Maduro se declar\u00f3 vencedor a pesar de la evidencia en contrario, por lo cual \u201cEstados Unidos se uni\u00f3 a muchos otros pa\u00edses al negarse a reconocer a Maduro como presidente leg\u00edtimamente electo\u201d. Por todo ello, el 7 de agosto de 2025 el citado Departamento anunci\u00f3 un nuevo aumento de la recompensa por Maduro a 50 millones de d\u00f3lares, que hab\u00eda empezado en 15 millones. <\/p>\n\n\n\n
Jim\u00e9nez concluye que, a diferencia del caso venezolano, no existen antecedentes judiciales ni investigaciones penales contra el presidente Gustavo Petro, ni en Colombia ni en los Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico. Tampoco hay decisiones judiciales nacionales ni pronunciamientos internacionales que cuestionen la legalidad del proceso electoral mediante el cual fue elegido. Por ello, se\u00f1ala que la situaci\u00f3n del mandatario colombiano es sustancialmente distinta a la de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo deber\u00eda responder el Estado colombiano institucionalmente ante una sanci\u00f3n que afecta directamente al jefe de Estado?<\/strong><\/h4>\n\n\n\nSobre este punto, el consultor Jim\u00e9nez plantea que es pertinente recordar lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 del 17 de marzo de 1999. \u201cel s\u00f3lo hecho que una persona figure en la lista Clinton, sin que haya sido condenada o est\u00e9 siendo investigada por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico en Colombia, es una causal objetiva que autori(za) la imposibilidad de acceder al sistema financiero\u201d. Como lo anticip\u00f3 en las precisiones previas, la Corte le orden\u00f3 al Ministerio de Relaciones Exteriores que le colaborara al Defensor del Pueblo en la defensa judicial o administrativa de los derechos del correspondiente tutelante, para lo cual estas entidades deb\u00edan \u201cejercitar las gestiones diplom\u00e1ticas pertinentes ante el gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica\u201d. Es sabido que este mandato no fructific\u00f3, habida cuenta que la Defensor\u00eda del Pueblo carece de funciones legales y de recursos para actuar en amparo de un ciudadano particular ante autoridades de otro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, Jim\u00e9nez se\u00f1ala que, dentro de las Funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado se encuentra la de defender los intereses del Estado Colombiano, relacionados, entre otros, con procesos en los cuales se discuta el actuar de un servidor perteneciente a una entidad p\u00fablica del orden nacional. Por consiguiente, esta Agencia debe presentar la solicitud que, amigablemente como \u00e9l anticip\u00f3 en la respuesta anterior, se le puede hacer directamente a la OFAC, para que retire los nombres del presidente colombiano y del ministro del interior de la \u201cLista Biden\u201d, argumentando lo dicho: que no existe evidencia de que hayan \u201cparticipado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferaci\u00f3n internacional de drogas il\u00edcitas\u201d. <\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 lecciones deja este episodio para el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas que fortalezcan la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas en Colombia?<\/strong><\/h4>\n\n\n\nEl consultor Jim\u00e9nez considera que, en este caso, no se evidencia que el presidente de la Rep\u00fablica ni el ministro del Interior hayan actuado en detrimento de los principios de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas en Colombia. <\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1ala que el plan de “paz total”, aun con las controversias pol\u00edticas que lo rodean, corresponde a funciones constitucionales del gobierno y no ha tenido como prop\u00f3sito alcanzar \u201cniveles r\u00e9cord de cultivo de coca y producci\u00f3n de coca\u00edna\u201d, como aduce la OFAC. <\/p>\n\n\n\n
Y que en 2024 el presidente Petro hubiera compartido informaci\u00f3n confidencial obtenida a trav\u00e9s de canales seguros de comunicaci\u00f3n contra el lavado de dinero, con lo cual efectivamente \u201cprovoc\u00f3 la suspensi\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia del Grupo Egmont\u201d, otro de los reproches de la OFAC, podr\u00e1 ser considerado como una actuaci\u00f3n evidentemente equivocada de su parte, pero no es un evento que pueda ser calificado propiamente como contrario a la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 acciones concretas deber\u00edan tomar las empresas colombianas \u2014especialmente aquellas con operaciones internacionales\u2014 para protegerse jur\u00eddicamente ante una alerta como la inclusi\u00f3n de figuras pol\u00edticas en la Lista OFAC?<\/strong><\/h4>\n\n\n\nEl consultor Jim\u00e9nez advierte que, como se mencion\u00f3 en la introducci\u00f3n, si un enlistado tiene una cuenta corriente, el banco se la puede cerrar y si solicita su apertura se la puede negar, porque la Corte Constitucional colombiana, acu\u00f1ando la expresi\u00f3n “causal objetiva”, lo autoriz\u00f3 de tiempo atr\u00e1s. <\/p>\n\n\n\n
En el sector real es diferente: si un enlistado es, por ejemplo, proveedor sustancial a largo plazo de materia prima de una empresa que exporta su producci\u00f3n al mercado estadounidense, el problema es mayor, porque si se le mantiene el contrato, puede resultar enlistada la empresa, sus administradores y accionistas. Y si se le cancela el contrato, el proveedor puede presentar demanda ante un juez civil, quien le dar\u00e1 la raz\u00f3n porque su inclusi\u00f3n en la lista no corresponde a una causal contemplada en el contrato para darlo por terminado. Aqu\u00ed es donde cabe la expresi\u00f3n: La \u201cLista Clinton\u201d y la \u201cLista Biden\u201d, no son vinculantes.<\/p>\n\n\n\n
En consecuencia, estas empresas, aunque por el umbral de activos o de ingresos no est\u00e9n legalmente obligadas, deben adoptar un Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral LA\/FT\/FPADM \u2013 SAGRILAFT (Circular Externa 2021-01-488877\/100-000011 del 9 de agosto de 2021 de la Superintendencia de Sociedades), el cual les proporciona, entre otras, dos grandes ventajas: les permiten hacer un previo proceso exhaustivo de conocimiento de las calidades, buen cr\u00e9dito o reputaci\u00f3n, relaciones con terceros, antecedentes comerciales y sancionatorios en asuntos administrativos, penales o disciplinarios de sus contrapartes y concebir en sus contratos cl\u00e1usulas de protecci\u00f3n para ser incluidas en sus contratos, especialmente los de suministro a largo plazo, que les permitan darlos por terminados en eventos como estos.<\/p>\n\n\n\n
En el marco de esta entrevista, tambi\u00e9n se recogi\u00f3 la perspectiva de Estefany Rua<\/a>, Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT-PTEE y Directora del \u00e1rea de Consultor\u00eda y Auditor\u00eda de Risks International. Su an\u00e1lisis se enfoca en las implicaciones pr\u00e1cticas que deben considerar las organizaciones frente al impacto reputacional generado por la inclusi\u00f3n de figuras pol\u00edticas en listas restrictivas como la OFAC. Desde su rol como experta en cumplimiento, Rua propone una serie de acciones concretas que buscan fortalecer los controles internos y mitigar los riesgos asociados a este tipo de situaciones.<\/p>\n\n\n\nEn su an\u00e1lisis, Estefany Rua recomienda adoptar medidas clave para mitigar el riesgo reputacional y operativo. Entre ellas:<\/p>\n\n\n\n
\n- Validar que las personas incluidas en la lista OFAC no figuren como alguna contraparte con la cual la organizaci\u00f3n tenga un v\u00ednculo contractual o comercial.<\/li>\n\n\n\n
- Revisar las pol\u00edticas internas de la organizaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con la tolerancia al riesgo en t\u00e9rminos de debida diligencia<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- Revisar la matriz de riesgos<\/a>, con el fin de identificar si se encuentra identificado y\/o medido adecuadamente el riesgo de vincular o mantener vinculadas contrapartes que se encuentren vinculadas a listas restrictivas, considerando la materializaci\u00f3n del riesgo.<\/li>\n\n\n\n
- Capacitar a l\u00edderes de procesos de vinculaci\u00f3n para generar sensibilizaci\u00f3n sobre aspectos claves de la lista OFAC y c\u00f3mo gestionar la alerta ante posibles coincidencias de contrapartes.<\/li>\n\n\n\n
- Elaborar un comunicado en especial para el caso, de relacionamiento con contrapartes ubicadas en el exterior, en donde se ratifique el compromiso de la empresa en la adopci\u00f3n de medidas para la prevenci\u00f3n del riesgo de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
La inclusi\u00f3n de figuras p\u00fablicas en listas restrictivas como la OFAC no solo plantea desaf\u00edos legales y operativos, sino que exige una respuesta proactiva por parte de las organizaciones. En momentos cr\u00edticos como estos, es fundamental que las empresas refuercen sus sistemas de cumplimiento, revisen sus pol\u00edticas internas y act\u00faen con diligencia para mantenerse firmes frente a los riesgos<\/a> reputacionales y regulatorios. Adoptar medidas concretas, actualizar matrices de riesgo y sensibilizar a los equipos clave se convierte en una estrategia esencial para preservar la integridad corporativa, evitar v\u00ednculos no deseados y garantizar una gesti\u00f3n responsable del riesgo. Solo as\u00ed podr\u00e1n demostrar un compromiso real con la transparencia, la legalidad y la prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n
Para ampliar el an\u00e1lisis, la firma Risks International realiz\u00f3 entrevistas a conocedores en la materia, quienes ofrecieron una visi\u00f3n t\u00e9cnica sobre las implicaciones de esta decisi\u00f3n. Sus aportes permiten entender mejor el alcance de la medida, sus posibles efectos en la institucionalidad colombiana y los escenarios que podr\u00edan derivarse en el corto y mediano plazo.<\/p>\n\n\n\n
Entre los consultados por Risks International<\/a> se encuentra Daniel Fernando Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez (www.danielfjimenez.com<\/a>), consultor especializado en prevenci\u00f3n de lavado de activos y lucha contra la corrupci\u00f3n. Su experiencia en el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas y en el an\u00e1lisis de riesgos financieros le permite ofrecer una perspectiva t\u00e9cnica sobre los alcances de la inclusi\u00f3n en la Lista OFAC y sus posibles implicaciones para el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Antes de responder directamente, Jim\u00e9nez hace una precisi\u00f3n importante: el presidente colombiano no fue incluido en la \u201cLista Clinton\u201d. En efecto, revisando en detalle el caso del presidente colombiano, su esposa, uno de sus hijos y el ministro del interior, se advierte que contra lo dicho en medios acad\u00e9micos y de prensa, la OFAC no invoc\u00f3 la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, que es la que corresponde a la “Lista Clinton”, sino la Orden Ejecutiva 14059 del 15 de diciembre de 2021, expedida bajo el gobierno de Joe Biden, con lo cual esta podr\u00eda denominarse “Lista Biden”<\/p>\n\n\n\n A partir de esta distinci\u00f3n, el consultor explica que ambas listas comparten reglas generales y efectos similares en Colombia. Entre ellos, destaca que:<\/p>\n\n\n\n 1. i) Para la inclusi\u00f3n de una persona en estas listas no se requiere que est\u00e9 investigada, o haya sido condenada por narcotr\u00e1fico; es una mera liberalidad de la OFAC; ii) Estas Ordenes Ejecutivas le proh\u00edben a todos los ciudadanos y empresas de los Estados Unidos de Am\u00e9rica hacer negocios con las personas enlistadas; iii) Advierten que incluir\u00e1n en las mismas listas a quien, sea estadounidense o no, haga negocios con los enlistados, inclusi\u00f3n que fatalmente conlleva la prohibici\u00f3n a todos los ciudadanos y empresas de los Estados Unidos de Am\u00e9rica de hacer negocios con las personas enlistadas; iv) Si el enlistado, en una u otra, tiene una cuenta corriente, el banco colombiano se la puede cerrar y si solicita su apertura se la puede negar, porque la Corte Constitucional colombiana, acu\u00f1ando la expresi\u00f3n “causal objetiva”, lo autoriz\u00f3 de tiempo atr\u00e1s; v) Estas \u00f3rdenes ejecutivas no son vinculantes en Colombia, entendiendo “vinculante”, como aquello que las autoridades locales pueden exigir se cumpla y reprochar si no se cumple. <\/p>\n\n\n\n A lo anterior, Jim\u00e9nez a\u00f1ade que esta disposici\u00f3n no est\u00e1 contemplada en la Orden Ejecutiva 12978 de 1995, pero s\u00ed en la Orden Ejecutiva 14059, lo que hace m\u00e1s gravosa la inclusi\u00f3n de una persona en la denominada \u201cLista Biden\u201d. Explica que, si un banco colombiano proporciona o intenta proporcionar apoyo financiero a las personas enlistadas, adem\u00e1s del banco, tambi\u00e9n pueden ser incluidos sus accionistas mayoritarios, su funcionario ejecutivo principal (es decir, el representante legal) y otros directivos, quienes adem\u00e1s quedar\u00edan sujetos a la prohibici\u00f3n de ingreso a los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Entrando a responder la pregunta, Daniel indica que es necesario precisar que la principal raz\u00f3n invocada por la OFAC es que Colombia sigue siendo el primer productor y exportador mundial de coca\u00edna. En ese sentido, las cifras publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito \u2013 UNODC muestran que en Colombia los cultivos de hoja de coca pasaron de 154 mil a 253 mil hect\u00e1reas de 2019 a 2023, como tambi\u00e9n que la productividad de clorhidrato de coca\u00edna pas\u00f3 de 1137 a 2664 toneladas m\u00e9tricas, esto es un aumento del 30% durante el mismo lapso. En consecuencia, aunque las incautaciones en 2023 fueron las m\u00e1s elevadas durante el lustro examinado, esto es 746 toneladas m\u00e9tricas, porcentualmente corresponden al porcentaje m\u00e1s bajo, apenas el 28%, en tanto que, por ejemplo, en el a\u00f1o 2021 las incautaciones fueron del 47%. Mientras tanto, Per\u00fa no llega a las 100 mil hect\u00e1reas y Bolivia apenas alcanza las 30 mil.<\/p>\n\n\n\n El consultor Jim\u00e9nez hace la precisi\u00f3n de que, a pesar de los se\u00f1alamientos contenidos en el comunicado de la OFAC, no existe evidencia de que el presidente Gustavo Petro haya \u201cparticipado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferaci\u00f3n internacional de drogas il\u00edcitas\u201d, ni de que se haya \u201caliado con el r\u00e9gimen narcoterrorista de Nicol\u00e1s Maduro Moros y el C\u00e1rtel de Los Soles\u201d, como se afirma en dicho documento. De hecho, se\u00f1ala que ni el presidente, ni su esposa, ni sus hijos, ni el ministro del Interior han tenido en el pasado, ni tienen en la actualidad, investigaciones penales en Colombia o en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n Jim\u00e9nez se\u00f1ala que, en ese contexto, la inclusi\u00f3n del presidente colombiano, su esposa, uno de sus hijos y el ministro del Interior en la denominada \u201cLista Biden\u201d puede considerarse, desde el punto de vista del derecho procesal constitucional colombiano, como una violaci\u00f3n al debido proceso. No obstante, aclara que esta interpretaci\u00f3n no aplica desde la perspectiva de las facultades del presidente de los Estados Unidos, cuyas decisiones en esta materia \u2014desde la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, conocida como la \u201cLista Clinton\u201d\u2014 no han sido limitadas por decisiones judiciales, ni en territorio estadounidense ni por cortes internacionales.<\/p>\n\n\n\n El consultor a\u00f1ade que los afectados por este tipo de medidas no han acudido a instancias judiciales para impugnarlas, posiblemente porque sus asesores legales les han advertido sobre lo poco probable de obtener un resultado favorable en ese camino.<\/p>\n\n\n\n Esto sin perjuicio de la solicitud que, amigablemente, se le puede hacer directamente a la OFAC, para que retire determinado nombre de alguna lista, tr\u00e1mite que, seg\u00fan afirma Jim\u00e9nez algunos colombianos han activado exitosamente, como detalla en la siguiente respuesta.<\/p>\n\n\n\n De otra parte, conforme reporta colombiacheck.com, en el Informe Mundial sobre las Drogas de UNODC para 2022 los Estados Unidos ten\u00edan 6\u2019450.000 consumidores de coca\u00edna, lo que equivale al 28% del total mundial.<\/p>\n\n\n\n El consultor Jim\u00e9nez plantea que, en consecuencia, la lucha contra el narcotr\u00e1fico entre el principal pa\u00eds productor y uno de los mayores consumidores debe desarrollarse de manera arm\u00f3nica, resolviendo sus diferencias por la v\u00eda diplom\u00e1tica y articulando sus capacidades en inteligencia estrat\u00e9gica y potencia militar.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, no descarta que, m\u00e1s temprano que tarde, la estrategia global frente a las drogas pueda dar un giro de 180 grados. En su an\u00e1lisis, recuerda c\u00f3mo Franklin D. Roosevelt puso fin en 1933 a la prohibici\u00f3n del consumo de bebidas alcoh\u00f3licas en Estados Unidos, lo que elimin\u00f3 la producci\u00f3n clandestina y abri\u00f3 la puerta a un mercado l\u00edcito que, en el caso del whisky, alcanza hoy un consumo cercano a los 500 millones de litros anuales en ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Jim\u00e9nez sugiere que, con suficiente respaldo cient\u00edfico y creatividad institucional, podr\u00eda encontrarse una v\u00eda similar para enfrentar la producci\u00f3n clandestina de clorhidrato de coca\u00edna y mitigar sus efectos nocivos sobre la salud f\u00edsica y mental de los consumidores. En ese sentido, destaca los avances que ya se han logrado en varios pa\u00edses en materia de descriminalizaci\u00f3n del consumo.<\/p>\n\n\n\n Volviendo al cuestionario, el consultor se\u00f1ala que el precedente m\u00e1s relevante sobre este tipo de se\u00f1alamientos es el que corresponde al que el 25 de julio de 2025 hizo la OFAC, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, al designar al \u201cC\u00e1rtel de los Soles grupo criminal liderado por Nicol\u00e1s Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos\u201d como Terrorista Global Especialmente Designado. <\/p>\n\n\n\n Esta medida complementa la Orden Ejecutiva 13884 del 5 agosto de 2019, mediante la cual se hab\u00eda ordenado el bloqueo de bienes propiedad o bajo el control, directa o indirectamente, del Gobierno de Venezuela y se dispuso que estos \u201c(\u2026) no podr\u00e1n ser transferidas, pagadas, exportadas, retiradas ni comercializadas de ninguna otra forma (\u2026)\u201d. Es por esto que ni el gobierno colombiano, ni empresas colombianas han podido adquirir Mon\u00f3meros, empresa p\u00fablica industrial venezolana, bloqueada a pesar de estar domiciliada en Barranquilla.<\/p>\n\n\n\n En el mensaje que el 27 de julio de 2025, en su cuenta de X, public\u00f3 el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se precisa el clima que impera entre ambos gobiernos: \u201cMaduro NO es el presidente de Venezuela y su r\u00e9gimen NO es el gobierno leg\u00edtimo. Maduro es el l\u00edder del C\u00e1rtel de Los Soles, una organizaci\u00f3n narcoterrorista que se ha apoderado de un pa\u00eds. Y est\u00e1 acusado de introducir drogas en Estados Unidos.\u201d.<\/p>\n\n\n\n Daniel Jim\u00e9nez a\u00f1ade que, seg\u00fan el Departamento de Estado \u201cMaduro particip\u00f3 en una conspiraci\u00f3n narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designada Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera. De acuerdo con esa versi\u00f3n oficial, Maduro negoci\u00f3 cargamentos de varias toneladas de coca\u00edna producida por las FARC; orden\u00f3 al C\u00e1rtel de los Soles que proporcionara armas de uso militar a las FARC; coordin\u00f3 con narcotraficantes en Honduras y otros pa\u00edses para facilitar el narcotr\u00e1fico a gran escala; y solicit\u00f3 asistencia a los l\u00edderes de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el C\u00e1rtel de los Soles.\u201d. Y agrega que, en marzo de 2020, Maduro fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiraci\u00f3n para importar coca\u00edna, posesi\u00f3n de ametralladoras y dispositivos destructivos\u201d, como tambi\u00e9n que, en las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, Maduro se declar\u00f3 vencedor a pesar de la evidencia en contrario, por lo cual \u201cEstados Unidos se uni\u00f3 a muchos otros pa\u00edses al negarse a reconocer a Maduro como presidente leg\u00edtimamente electo\u201d. Por todo ello, el 7 de agosto de 2025 el citado Departamento anunci\u00f3 un nuevo aumento de la recompensa por Maduro a 50 millones de d\u00f3lares, que hab\u00eda empezado en 15 millones. <\/p>\n\n\n\n Jim\u00e9nez concluye que, a diferencia del caso venezolano, no existen antecedentes judiciales ni investigaciones penales contra el presidente Gustavo Petro, ni en Colombia ni en los Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico. Tampoco hay decisiones judiciales nacionales ni pronunciamientos internacionales que cuestionen la legalidad del proceso electoral mediante el cual fue elegido. Por ello, se\u00f1ala que la situaci\u00f3n del mandatario colombiano es sustancialmente distinta a la de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n\n\n\n Sobre este punto, el consultor Jim\u00e9nez plantea que es pertinente recordar lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 del 17 de marzo de 1999. \u201cel s\u00f3lo hecho que una persona figure en la lista Clinton, sin que haya sido condenada o est\u00e9 siendo investigada por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico en Colombia, es una causal objetiva que autori(za) la imposibilidad de acceder al sistema financiero\u201d. Como lo anticip\u00f3 en las precisiones previas, la Corte le orden\u00f3 al Ministerio de Relaciones Exteriores que le colaborara al Defensor del Pueblo en la defensa judicial o administrativa de los derechos del correspondiente tutelante, para lo cual estas entidades deb\u00edan \u201cejercitar las gestiones diplom\u00e1ticas pertinentes ante el gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica\u201d. Es sabido que este mandato no fructific\u00f3, habida cuenta que la Defensor\u00eda del Pueblo carece de funciones legales y de recursos para actuar en amparo de un ciudadano particular ante autoridades de otro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n En este contexto, Jim\u00e9nez se\u00f1ala que, dentro de las Funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado se encuentra la de defender los intereses del Estado Colombiano, relacionados, entre otros, con procesos en los cuales se discuta el actuar de un servidor perteneciente a una entidad p\u00fablica del orden nacional. Por consiguiente, esta Agencia debe presentar la solicitud que, amigablemente como \u00e9l anticip\u00f3 en la respuesta anterior, se le puede hacer directamente a la OFAC, para que retire los nombres del presidente colombiano y del ministro del interior de la \u201cLista Biden\u201d, argumentando lo dicho: que no existe evidencia de que hayan \u201cparticipado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferaci\u00f3n internacional de drogas il\u00edcitas\u201d. <\/p>\n\n\n\n El consultor Jim\u00e9nez considera que, en este caso, no se evidencia que el presidente de la Rep\u00fablica ni el ministro del Interior hayan actuado en detrimento de los principios de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas en Colombia. <\/p>\n\n\n\n Se\u00f1ala que el plan de “paz total”, aun con las controversias pol\u00edticas que lo rodean, corresponde a funciones constitucionales del gobierno y no ha tenido como prop\u00f3sito alcanzar \u201cniveles r\u00e9cord de cultivo de coca y producci\u00f3n de coca\u00edna\u201d, como aduce la OFAC. <\/p>\n\n\n\n Y que en 2024 el presidente Petro hubiera compartido informaci\u00f3n confidencial obtenida a trav\u00e9s de canales seguros de comunicaci\u00f3n contra el lavado de dinero, con lo cual efectivamente \u201cprovoc\u00f3 la suspensi\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia del Grupo Egmont\u201d, otro de los reproches de la OFAC, podr\u00e1 ser considerado como una actuaci\u00f3n evidentemente equivocada de su parte, pero no es un evento que pueda ser calificado propiamente como contrario a la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n\n\n\n El consultor Jim\u00e9nez advierte que, como se mencion\u00f3 en la introducci\u00f3n, si un enlistado tiene una cuenta corriente, el banco se la puede cerrar y si solicita su apertura se la puede negar, porque la Corte Constitucional colombiana, acu\u00f1ando la expresi\u00f3n “causal objetiva”, lo autoriz\u00f3 de tiempo atr\u00e1s. <\/p>\n\n\n\n En el sector real es diferente: si un enlistado es, por ejemplo, proveedor sustancial a largo plazo de materia prima de una empresa que exporta su producci\u00f3n al mercado estadounidense, el problema es mayor, porque si se le mantiene el contrato, puede resultar enlistada la empresa, sus administradores y accionistas. Y si se le cancela el contrato, el proveedor puede presentar demanda ante un juez civil, quien le dar\u00e1 la raz\u00f3n porque su inclusi\u00f3n en la lista no corresponde a una causal contemplada en el contrato para darlo por terminado. Aqu\u00ed es donde cabe la expresi\u00f3n: La \u201cLista Clinton\u201d y la \u201cLista Biden\u201d, no son vinculantes.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, estas empresas, aunque por el umbral de activos o de ingresos no est\u00e9n legalmente obligadas, deben adoptar un Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral LA\/FT\/FPADM \u2013 SAGRILAFT (Circular Externa 2021-01-488877\/100-000011 del 9 de agosto de 2021 de la Superintendencia de Sociedades), el cual les proporciona, entre otras, dos grandes ventajas: les permiten hacer un previo proceso exhaustivo de conocimiento de las calidades, buen cr\u00e9dito o reputaci\u00f3n, relaciones con terceros, antecedentes comerciales y sancionatorios en asuntos administrativos, penales o disciplinarios de sus contrapartes y concebir en sus contratos cl\u00e1usulas de protecci\u00f3n para ser incluidas en sus contratos, especialmente los de suministro a largo plazo, que les permitan darlos por terminados en eventos como estos.<\/p>\n\n\n\n En el marco de esta entrevista, tambi\u00e9n se recogi\u00f3 la perspectiva de Estefany Rua<\/a>, Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT-PTEE y Directora del \u00e1rea de Consultor\u00eda y Auditor\u00eda de Risks International. Su an\u00e1lisis se enfoca en las implicaciones pr\u00e1cticas que deben considerar las organizaciones frente al impacto reputacional generado por la inclusi\u00f3n de figuras pol\u00edticas en listas restrictivas como la OFAC. Desde su rol como experta en cumplimiento, Rua propone una serie de acciones concretas que buscan fortalecer los controles internos y mitigar los riesgos asociados a este tipo de situaciones.<\/p>\n\n\n\n En su an\u00e1lisis, Estefany Rua recomienda adoptar medidas clave para mitigar el riesgo reputacional y operativo. Entre ellas:<\/p>\n\n\n\n La inclusi\u00f3n de figuras p\u00fablicas en listas restrictivas como la OFAC no solo plantea desaf\u00edos legales y operativos, sino que exige una respuesta proactiva por parte de las organizaciones. En momentos cr\u00edticos como estos, es fundamental que las empresas refuercen sus sistemas de cumplimiento, revisen sus pol\u00edticas internas y act\u00faen con diligencia para mantenerse firmes frente a los riesgos<\/a> reputacionales y regulatorios. Adoptar medidas concretas, actualizar matrices de riesgo y sensibilizar a los equipos clave se convierte en una estrategia esencial para preservar la integridad corporativa, evitar v\u00ednculos no deseados y garantizar una gesti\u00f3n responsable del riesgo. Solo as\u00ed podr\u00e1n demostrar un compromiso real con la transparencia, la legalidad y la prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n\u00bfC\u00f3mo interpreta usted la afirmaci\u00f3n de la UIAF de que esta inclusi\u00f3n \u201cviola el debido proceso\u201d y se basa en \u201ccriterios pol\u00edticos sin soporte probatorio\u201d? \u00bfQu\u00e9 precedentes existen en el derecho internacional sobre este tipo de se\u00f1alamientos?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo deber\u00eda responder el Estado colombiano institucionalmente ante una sanci\u00f3n que afecta directamente al jefe de Estado?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 lecciones deja este episodio para el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas que fortalezcan la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas en Colombia?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 acciones concretas deber\u00edan tomar las empresas colombianas \u2014especialmente aquellas con operaciones internacionales\u2014 para protegerse jur\u00eddicamente ante una alerta como la inclusi\u00f3n de figuras pol\u00edticas en la Lista OFAC?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
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