La sentencia T-113\/25, en la cual la Corte Constitucional estudi\u00f3 el caso de un ciudadano a quien sendos bancos le negaron la apertura de la cuenta, ha generado un debate importante sobre el tratamiento de los antecedentes judiciales en el sistema financiero y las implicaciones que esto tiene en los procesos de vinculaci\u00f3n de clientes. Aunque la Corte Constitucional orden\u00f3 la apertura de una cuenta de ahorros en este caso espec\u00edfico, persisten dudas sobre c\u00f3mo deben proceder las entidades financieras al evaluar el historial de una persona que ha enfrentado procesos judiciales.<\/p>\n\n\n\n
Para aclarar este panorama y entender los l\u00edmites legales en el an\u00e1lisis de riesgo, entrevistamos a Daniel Fernando Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez (www.danielfjimenez.com<\/a>),<\/strong> consultor experto en prevenci\u00f3n de lavado de activos y lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En esta conversaci\u00f3n, abordamos interrogantes clave como:<\/p>\n\n\n\n Estas y otras preguntas nos ayudar\u00e1n a entender el alcance real de la sentencia y su impacto en la relaci\u00f3n entre las entidades financieras y quienes buscan reincorporarse al sistema econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n A continuaci\u00f3n, presentamos las preguntas y sus respectivas respuestas para una mejor comprensi\u00f3n del tema.<\/p>\n\n\n\n No existe un l\u00edmite consagrado en ley, resoluci\u00f3n o circular para considerar antecedentes penales o judiciales en el an\u00e1lisis de riesgo previo a la vinculaci\u00f3n. Es por ello que la citada sentencia de la Corte Constitucional resulta tan relevante.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, como \u00fanico par\u00e1metro actual en materia similar debe tenerse en cuenta que de conformidad con el art\u00edculo 30 de la Ley 1908 de 2018, las personas que gozan de libertad condicional por delitos relacionados con grupos delictivos organizados tienen derecho a tener una cuenta bancaria \u00fanica, con la restricci\u00f3n de que apenas pueden realizar operaciones mensuales en efectivo hasta por diez (10) salarios m\u00ednimos.<\/p>\n\n\n\n Considerando que un precepto fundamental de la administraci\u00f3n de riesgos es que toda decisi\u00f3n debe estar basada en informaci\u00f3n pertinente y que esta debe ser veraz, actualizada y completa, todo dato relevante debe ser considerado en el an\u00e1lisis de riesgo LAFT.<\/p>\n\n\n\n De conformidad con el art\u00edculo 248 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica solamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y de acuerdo con el art\u00edculo 55 del C\u00f3digo Penal, la carencia de antecedentes penales constituye una circunstancia de menor punibilidad, en tanto que la existencia de antecedentes penales no constituye una circunstancia de mayor punibilidad. En consecuencia, si la ley las tiene en cuenta, las sentencias judiciales que pesan sobre un potencial cliente no pueden ser ignoradas por los bancos, particularmente en punto de tomar como par\u00e1metro de calificar a un cliente como de menor riesgo, en cuanto carezca de antecedentes. <\/p>\n\n\n\n Ahora bien, en efecto tanto la acci\u00f3n penal como la pena prescriben. De conformidad con el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, por regla general, la acci\u00f3n penal prescribe en un tiempo igual al m\u00e1ximo de la pena fijada en la ley, pero en ning\u00fan caso es inferior a cinco (5) a\u00f1os, ni excede de veinte (20), en tanto que, de conformidad con el art\u00edculo 89 del mismo C\u00f3digo, la pena privativa de la libertad, tambi\u00e9n por regla general, prescribe en el t\u00e9rmino fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ning\u00fan caso es inferior a cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Recu\u00e9rdese que, por ejemplo, recientemente un juez de ejecuci\u00f3n de penas declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la pena impuesta al exnarcotraficante Carlos Lehder, quien hab\u00eda sido condenado en 1995 a 24 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por los delitos de tenencia ilegal de estupefacientes y de armas de fuego, debido a que la sentencia hab\u00eda sido emitida el 30 de agosto de 1999. Evidentemente una sentencia, por esos delitos y con esa duraci\u00f3n, no puede ser ignorada y por ende debe ser considerada dentro de los datos relevantes a ser tenidos en cuenta al momento de aperturar la cuenta de un potencial cliente, con los par\u00e1metros que adelante destacar\u00e9.<\/p>\n\n\n\n De otro lado, en Colombia no existen antecedentes judiciales reservados, como quiera que todas las sentencias condenatorias son p\u00fablicas; otra cosa es que no existe una base de datos centralizada que permita acceder a informaci\u00f3n sobre condenados, por ejemplo, por los delitos de lavado de activos, y de financiamiento del terrorismo, de manera f\u00e1cil, r\u00e1pida y confiable.<\/p>\n\n\n\n La existencia de un proceso penal abierto no justifica la negaci\u00f3n de la vinculaci\u00f3n bancaria. De conformidad con lo que emana de la sentencia T-113\/25 si no es justificable negar el acceso a una persona por una condena, es a\u00fan menos justificable neg\u00e1rselo a quien apenas tiene un proceso penal en curso. <\/p>\n\n\n\n Debe tenerse en cuenta que estas reglas aplican en el sistema financiero mas no respecto de las empresas del sector real, en cuyos contratos y tratativas previas si rige plenamente el principio de autonom\u00eda de la voluntad y prima lo consagrado en sus cl\u00e1usulas respecto de causales de terminaci\u00f3n anticipada, por ejemplo, de los contratos de tracto sucesivo o ejecuci\u00f3n continua, como los de suministro peri\u00f3dico de materia prima.<\/p>\n\n\n\n La existencia de un proceso penal no solamente justifica, sino que obliga a un monitoreo reforzado.<\/p>\n\n\n\n La Corte Constitucional dej\u00f3 claro en su an\u00e1lisis \u2014especialmente en el cap\u00edtulo titulado “\u00bfC\u00f3mo debieron proceder las entidades bancarias?\u201d<\/em> que las instituciones financieras tuteladas debieron realizar un an\u00e1lisis individualizado del perfil de riesgo del accionante, en lugar de aplicar una restricci\u00f3n basada en la existencia de antecedentes penales y que debieron agotar mecanismos alternativos para mitigar eventuales riesgos, en lugar de optar por la exclusi\u00f3n autom\u00e1tica del accionante. Y concluy\u00f3 la Corte: \u201c(\u2026) el SARLAFT no solo opera en la fase de prevenci\u00f3n, sino tambi\u00e9n en la fase de control, lo que implica que las entidades tienen herramientas como monitoreo transaccional, actualizaci\u00f3n de informaci\u00f3n y seguimiento de operaciones para gestionar el riesgo sin impedir el acceso a servicios bancarios esenciales.\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n Para mayor ilustraci\u00f3n invit\u00f3 a leer mi art\u00edculo titulado \u201cLa Corte Constitucional no oblig\u00f3 incondicionalmente a los bancos a abrirles cuentas a los penalmente condenados\u201d<\/em>: https:\/\/www.ambitojuridico.com\/noticias\/comercial\/tributario-y-contable\/la-corte-constitucional-no-obligo-incondicionalmente-los<\/a><\/p>\n\n\n\n En primer lugar, debe tenerse en cuenta que los bancos en sus manuales deben consagrar como regla que los clientes pospenados son de mayor riesgo.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n debe tenerse en cuenta que, en este contexto, el monitoreo consiste en examinar las transacciones llevadas a cabo por el cliente a lo largo de la relaci\u00f3n, para verificar que \u201csean consistentes con el conocimiento que tiene la entidad sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo\u201d<\/em>, como se describe en el subnumeral 4.2.2.2.1.1.2.2. del Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV de la Parte I de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la Superintendencia Financiera (C.E 29\/14).<\/p>\n\n\n\n Y como en el subnumeral 4.2.1.4. del mismo cap\u00edtulo en cita se ordena \u201cConsagrar lineamientos m\u00e1s exigentes (\u2026) de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que, por su perfil o por las funciones que desempe\u00f1an, pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA\/FT.\u201d<\/em>, resulta evidente que las transacciones de los clientes pospenados deben ser objeto de monitoreo intensificado.<\/p>\n\n\n\n En la medida en que este monitoreo intensificado obedece a un mandato normativo, en un debate que se transara en escenario administrativo o judicial por iniciativa del cliente, la autoridad no podr\u00eda calificarlo como arbitrario o discriminatorio.<\/p>\n\n\n\n Adicionalmente, la norma que impone el deber de monitoreo intensificado sobre los clientes de mayor riesgo, los pospenados en este caso, tampoco podr\u00e1 estimarse como discriminatoria, como quiera que no genera un \u201ctrato diferente y perjudicial\u201d como si lo es el que se le da a una persona con fundamento en categor\u00edas protegidas constitucionalmente \u201ccomo la raza, el sexo, el g\u00e9nero, las ideas pol\u00edticas o la religi\u00f3n\u201d. (Ver Sentencia T-239\/18, entre otras).<\/p>\n\n\n\n En lo que hace a las se\u00f1ales de alerta relevantes debe tenerse en cuenta que para el caso espec\u00edfico el tutelante se desempe\u00f1aba como secretario de Hacienda del Municipio de Villahermosa (Tolima); por hechos asociados a su gesti\u00f3n, fue condenado por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico. Despu\u00e9s de cumplir con la pena, el se\u00f1or Fl\u00f3rez Lozano empez\u00f3 a trabajar como profesional independiente en asesor\u00eda tributarias, jur\u00eddicas, financieras y de gesti\u00f3n contractual. Su inter\u00e9s radicaba en contar con una cuenta bancaria propia, como quiera que los honorarios generados por su actividad econ\u00f3mica los deb\u00eda recibir a trav\u00e9s de su esposa.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed las cosas, una vez abierta la cuenta, el correspondiente banco deber\u00e1 cerciorarse acerca de que las transacciones de su cliente en cuanto a su producto o servicio, naturaleza, cuant\u00eda, periodicidad, jurisdicci\u00f3n, ordenante y beneficiario corresponden al perfil propio de un profesional independiente dedicado a prestar servicios de asesor\u00eda en materias tributarias, jur\u00eddicas, financieras y de gesti\u00f3n contractual. Cualquier cambio en cuanto al producto o servicio, naturaleza, cuant\u00eda, periodicidad, jurisdicci\u00f3n, ordenante y beneficiario deber\u00e1 considerarse como una se\u00f1al de alerta.<\/p>\n\n\n\n Estas se\u00f1ales de alerta en cuanto emanen de la determinaci\u00f3n que el banco haya hecho del perfil del cliente y est\u00e9n en armon\u00eda con la descripci\u00f3n que de ellas hace el subnumeral 4.2.2.3.1. de la Circular Sarlaft (Hechos, situaciones, eventos, cuant\u00edas, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y dem\u00e1s informaci\u00f3n que la entidad determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir la posible existencia de una situaci\u00f3n que escapa a lo que la entidad ha determinado como normal), tampoco podr\u00e1n estimarse como arbitrarias o discriminatorias.<\/p>\n\n\n\n Si desconociendo los par\u00e1metros se\u00f1alados en precedencia una entidad financiera estableciera, por ejemplo, como se\u00f1al de alerta y motivo de ROS para sus clientes pospenados \u201ctoda transacci\u00f3n igual o superior a un salario m\u00ednimo\u201d, la Superintendencia Financiera, si lo advirtiera con ocasi\u00f3n de una inspecci\u00f3n, exigir\u00eda el desmonte de esta se\u00f1al y podr\u00eda sancionar a la entidad por aquellos casos en los que la hubiera activado, particularmente considerando que la Corte le orden\u00f3 expedir una nueva circular sobre la materia. <\/p>\n\n\n\n No existe un criterio legal para diferenciar entre antecedentes relevantes e irrelevantes para el SARLAF. La valoraci\u00f3n del nivel de riesgo del correspondiente delito debe hacerse al interior de la matriz de riesgos en la que, con debida sustentaci\u00f3n, se deber\u00e1 asignar mayor nivel de riesgo y por ende mayores controles sobre las transacciones de aquel cliente que presenta antecedentes respecto de delitos que la entidad considere como m\u00e1s graves.<\/p>\n\n\n\n Necesariamente deben ser considerados como de mayor riesgo el financiamiento del terrorismo de conformidad con el art\u00edculo 345 del C\u00f3digo Penal y el lavado de activos y sus actividades delictivas fuente, de conformidad con el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal: tr\u00e1fico de migrantes, trata de personas, extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, tr\u00e1fico de menores de edad, financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos relacionados con actividades terroristas, tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitaci\u00f3n del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas y los vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir.<\/p>\n\n\n\n Evidentemente una condena, por ejemplo, por el delito de lesiones personales culposas en accidente de tr\u00e1nsito, o por un hurto de menor cuant\u00eda no genera m\u00e9rito para que al correspondiente cliente se le califique como de mayor riesgo.<\/p>\n\n\n\n Considerando que un precepto fundamental de la administraci\u00f3n de riesgos es que toda decisi\u00f3n debe estar basada en informaci\u00f3n pertinente y que esta debe ser veraz, actualizada y completa, si la informaci\u00f3n de la rama judicial es ambigua, desactualizada o carece de contexto, lo recomendable es aclararla directamente con el cliente, pidi\u00e9ndole que acredite soporte documental actualizado. Mas adelante destacar\u00e9 el impacto que sobre esta materia genera la sentencia T-125 del 9 de abril de 2025 de la Corte Constitucional.<\/p>\n\n\n\n Si bien no soy experto en materia de habeas data<\/em>, entiendo que el tratamiento de datos privados o semiprivados s\u00ed requiere el consentimiento previo y expreso del titular. Sin embargo, cuando se trata de informaci\u00f3n p\u00fablica, no es necesaria una autorizaci\u00f3n previa y expresa para recaudarla, aunque si se requerir\u00e1 para su almacenamiento, uso y circulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Cosa distinta es que para realizar una debida diligencia reforzada con base en informaci\u00f3n p\u00fablica de ninguna manera se requiere autorizaci\u00f3n del titular, como quiera que, seg\u00fan se destac\u00f3 anteriormente, corresponde a un mandato contenido en el subnumeral 4.2.1.4. de la Circular Sarlaft en cuanto all\u00ed se ordena \u201cConsagrar lineamientos m\u00e1s exigentes (\u2026) de monitoreo<\/a> de operaciones de personas nacionales o extranjeras que, por su perfil o por las funciones que desempe\u00f1an, pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA\/FT.\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n El citado principio de finalidad ordena tratar los datos con \u201c(\u2026) una finalidad leg\u00edtima de acuerdo con la Constituci\u00f3n y la Ley, la cual debe ser informada al Titular\u201d<\/em>. En consecuencia, no cabe duda respecto de que el uso de estos datos es leg\u00edtimo, en cuanto est\u00e1 conforme a lo que ordenan tanto el art\u00edculo 102 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, como el Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV de la Parte I de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la Superintendencia Financiera (C.E 29\/14).<\/p>\n\n\n\n Complementariamente, este uso debe cumplir los siguientes requisitos en materia de habeas data y de debido proceso: se le debe haber informado previamente al potencial cliente los requisitos de vinculaci\u00f3n para clientes de mayor riesgo consagrados de manera igualmente previa en el manual Sarlaft del banco, con respaldo en el p\u00e1rrafo tercero del subnumeral 4.2.2.2.1. de la Circular Sarlaft (Las entidades vigiladas no pueden iniciar relaciones con el potencial cliente mientras no se haya recolectado la informaci\u00f3n necesaria para adelantar el procedimiento del conocimiento de cliente) y en el subnumeral 4.2.2.2.1.1.3.4. de la misma circular (En aquellos casos en que el perfil de riesgo del potencial cliente est\u00e9 calificado como de alto riesgo, las entidades deben emplear medidas intensificadas para obtener la informaci\u00f3n necesaria para adelantar una adecuada y efectiva gesti\u00f3n del riesgo LA\/FT).<\/p>\n\n\n\n Para garantizar el debido proceso en efecto se deben informar previamente los requisitos de vinculaci\u00f3n y permanencia para clientes de mayor riesgo, como he mencionado en la anterior respuesta, si bien en efecto es recomendable adoptar tambi\u00e9n mecanismos adicionales que le permitan al potencial cliente conocer por escrito, de manera clara, completa y oportuna la eventual causal de rechazo y hacer su correspondiente reclamaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Para evitar que el uso de antecedentes judiciales sea considerado discriminatorio o una infracci\u00f3n a derechos fundamentales, su aplicaci\u00f3n debe centrarse en el fortalecimiento de requisitos de ingreso y de monitoreo de transacciones, no en la negaci\u00f3n sistem\u00e1tica del acceso, ni en la imposici\u00f3n de controles injustificados, como ser\u00eda la ya mencionada absurda se\u00f1al de alerta para clientes pospenados consistente en \u201ctoda transacci\u00f3n igual o superior a un salario m\u00ednimo\u201d.<\/p>\n\n\n\n Todo an\u00e1lisis debe estar documentado y un comit\u00e9 de an\u00e1lisis \u00e9tico es altamente recomendable para que sea posible efectuar un an\u00e1lisis colegiado de todos aquellos casos que se puedan presentar con clientes de alto riesgo. Este comit\u00e9 es muy \u00fatil para la toma de decisiones informadas y evitar\u00eda decisiones aisladas del oficial de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n Es recomendable que pertenezcan a este comit\u00e9 el representante legal el oficial de cumplimiento y el director jur\u00eddico. A sus sesiones podr\u00e1n ser invitados el administrador responsable del proceso inherente al asunto examinado y un consultor externo experto en SARLAFT.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a sus formalidades el comit\u00e9 deber\u00e1 reunirse siempre que sea convocado por el oficial de cumplimiento; de las decisiones tomadas en sus reuniones deber\u00e1 conservarse memoria escrita aprobada por todos los asistentes y la conservaci\u00f3n de los documentos objeto de an\u00e1lisis y soporte de sus decisiones debe quedar a cargo del jefe de archivo.<\/p>\n\n\n\n Este comit\u00e9 de igual forma servir\u00e1 para la toma de otras decisiones relevantes, como evaluar la pertinencia de iniciar o terminar una relaci\u00f3n legal o contractual, as\u00ed como tambi\u00e9n la procedencia de reportar la operaci\u00f3n como sospechosa, por ejemplo, si con relaci\u00f3n a determinada contraparte no se puede llevar a cabo la debida diligencia satisfactoriamente. Tambi\u00e9n servir\u00e1 para aprobar la vinculaci\u00f3n o la continuaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual con los PEP y con aquellas personas ubicadas en pa\u00edses no cooperantes<\/a> y jurisdicciones de alto riesgo; para tomar medidas con respecto a las contrapartes incluidas en listas vinculantes o de referencia y servir como instancia de consulta para los empleados del banco con relaci\u00f3n a sus actividades preventivas del lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n Si bien no soy experto en materia de habeas data<\/em>, entiendo que el per\u00edodo de conservaci\u00f3n de estos datos puede coincidir con el tiempo de duraci\u00f3n del contrato con el corresponde cliente, siempre por supuesto que se cuente con su autorizaci\u00f3n previa y expresa para su tratamiento, uso y circulaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Los principales desaf\u00edos que enfrentan las entidades financieras consisten precisamente en aplicar requisitos objetivos y razonables para la vinculaci\u00f3n de clientes de mayor riesgo. La negativa de vinculaci\u00f3n de un potencial cliente por el mero hecho de ser pospenado, o por tener una investigaci\u00f3n en curso, es discriminatoria. <\/p>\n\n\n\n Dentro de los requisitos objetivos y razonables pueden estar los de realizar visita previa a la sede de sus negocios, am\u00e9n del ordinario diligenciamiento del formulario de vinculaci\u00f3n y la acreditaci\u00f3n de documentos como el certificado de c\u00e1mara de comercio, estados financieros, referencias comerciales y por supuesto informaci\u00f3n completa y actualizada sobre su situaci\u00f3n judicial. La negativa de vinculaci\u00f3n de un potencial cliente por hecho de no cumplir a cabalidad estos requisitos no es discriminatoria. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n es v\u00e1lido incluir controles durante el desarrollo del servicio, como \u2013 entre otros – monitoreo intensificado, visita peri\u00f3dica a la sede de sus negocios, acreditaci\u00f3n peri\u00f3dica de paz y salvos judiciales, la cortapisa a determinados operaciones (no efectivo, l\u00edmites de cuant\u00eda, no transacciones internacionales, etc.) y cuando a ello haya lugar, debido a la activaci\u00f3n de se\u00f1ales de alerta, el ROS.<\/p>\n\n\n\n Otro reto relevante es el que emana de la sentencia T-125 del 9 de abril de 2025 de la Corte Constitucional, correspondiente a una acci\u00f3n de tutela instaurada por un ciudadano con el prop\u00f3sito de que se eliminara su registro de la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA, considerando que el delito de lesiones personales que se le imputaba hab\u00eda sido objeto de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por desistimiento y por prescripci\u00f3n y debido a que \u201c(\u2026) algunos terceros (empresas dedicadas a hacer estudios de seguridad), no s\u00e9 c\u00f3mo ni a trav\u00e9s de qu\u00e9 canal, han logrado llegar a esa informaci\u00f3n (\u2026) y eso ha significado que no pueda continuar con el proceso de selecci\u00f3n para vincularme a ciertas compa\u00f1\u00edas (\u2026)\u201d.<\/em> (Par\u00e9ntesis interno del original)<\/p>\n\n\n\n La sentencia termin\u00f3 amparando los derechos fundamentales al habeas data y al buen nombre del ciudadano, al tiempo que se le ordena a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n eliminar su registro del SPOA.<\/p>\n\n\n\n De la parte motiva de la sentencia es destacable el siguiente aparte: \u201cSi bien las anotaciones penales no son de acceso p\u00fablico y su consulta en sistemas internos como el SPOA solo puede realizarse por medio del NUNC <\/em>(n\u00famero \u00fanico de noticia criminal), sin que se revelen datos personales de los ciudadanos, su filtraci\u00f3n sugiere el uso irregular de esta informaci\u00f3n por parte de terceros, quienes logran acceder de manera il\u00edcita y los utilizan con fines ajenos a la administraci\u00f3n de justicia<\/strong>. Este acceso indebido genera una afectaci\u00f3n grave a los derechos fundamentales al habeas data y al buen nombre de las personas vinculadas a procesos penales que han concluido sin una sentencia condenatoria, e incluso podr\u00eda constituir una vulneraci\u00f3n de la presunci\u00f3n de inocencia. En muchos casos, estas filtraciones de informaci\u00f3n pueden traducirse en barreras para el acceso al empleo o en discriminaci\u00f3n social, sin que la persona haya sido condenada.\u201d<\/em> (Par\u00e9ntesis interno y resaltados, a\u00f1adidos).<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, el suministro de datos SPOA a un banco por parte de terceros distintos al propio cliente, de acuerdo con la sentencia, ser\u00e1 objeto de reproche, en sede de tutela, e incluso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por infracci\u00f3n a los preceptos sobre habeas data.<\/p>\n\n\n\n No obstante, nada obsta para que sea el mismo cliente quien aporte su reporte SPOA, si este control ha sido establecido de manera previa en el manual Sarlaft<\/a> del banco, como requisito previo de vinculaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n para clientes de mayor riego\/pospenados y\/o con requerimiento judicial y siempre que se cuente con la autorizaci\u00f3n del potencial cliente para la recolecci\u00f3n, almacenamiento, uso, circulaci\u00f3n y supresi\u00f3n de los correspondientes datos.<\/p>\n\n\n\n La misma sentencia T-113 de 2025 respalda el uso de estos datos para la mitigaci\u00f3n de riesgos, siempre que no se violen derechos fundamentales. Las medidas de mitigaci\u00f3n legalmente pueden incluir requisitos de entrada m\u00e1s rigurosos y un monitoreo m\u00e1s estricto de las operaciones, como he mencionado.<\/p>\n\n\n\n Los errores m\u00e1s comunes que han cometido las entidades financieras en la evaluaci\u00f3n del riesgo LA\/FT de clientes con antecedentes penales consiste en estimar que la \u00fanica medida viable para administrar el correspondiente riesgo, radica en rechazar su vinculaci\u00f3n, por considerar que su vinculaci\u00f3n desvirt\u00faa la presunci\u00f3n de buena fe y conlleva incumplimiento de est\u00e1ndares GAFI.<\/p>\n\n\n\n Evidentemente esta sentencia sirve de gu\u00eda para corregirlos. Como he mencionado, en el cap\u00edtulo titulado \u201c\u00bfC\u00f3mo debieron proceder las entidades bancarias?\u201d<\/em> La sentencia dice que debieron realizar un an\u00e1lisis individualizado del perfil de riesgo del accionante, en lugar de aplicar una restricci\u00f3n basada en la existencia de antecedentes penales y que debieron agotar mecanismos alternativos para mitigar eventuales riesgos, en lugar de optar por la exclusi\u00f3n autom\u00e1tica del accionante. Y se concluye por la Corte: \u201c(\u2026) el SARLAFT no solo opera en la fase de prevenci\u00f3n, sino tambi\u00e9n en la fase de control, lo que implica que las entidades tienen herramientas como monitoreo transaccional, actualizaci\u00f3n de informaci\u00f3n y seguimiento de operaciones para gestionar el riesgo sin impedir el acceso a servicios bancarios esenciales.<\/strong>\u201d.<\/em> (Resaltado adicionado).<\/p>\n\n\n\n En Risks International<\/a>, ofrecemos herramientas innovadoras que permiten a bancos, entidades financieras y empresas aplicar controles efectivos sin vulnerar derechos fundamentales. Nuestras soluciones ayudan a fortalecer la debida diligencia, implementar monitoreo intensificado y cumplir con la regulaci\u00f3n vigente de manera eficiente.<\/p>\n\n\n\n Asegure el cumplimiento normativo y proteja su negocio con estrategias inteligentes. Contact Us<\/a> para conocer c\u00f3mo podemos ayudarle a transformar su gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n\n
\u00bfExiste un l\u00edmite legal para considerar antecedentes penales o judiciales en an\u00e1lisis de riesgo LAFT?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfHasta qu\u00e9 punto pueden tenerse en cuenta antecedentes judiciales que ya prescribieron, o fueron declarados reservados?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfLa sola existencia de un proceso penal o civil abierto puede justificar una decisi\u00f3n de no vinculaci\u00f3n o de monitoreo reforzado? \u00bfO solo se puede actuar cuando hay condena ejecutoriada?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfLa existencia de un proceso penal puede justificar un monitoreo reforzado?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Respecto al SARLAFT, \u00bfQu\u00e9 indicadores o se\u00f1ales de alerta espec\u00edficas deber\u00edan intensificar las entidades financieras al monitorear las transacciones de clientes pospenados, sin caer en restricciones arbitrarias o discriminaci\u00f3n estructural?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1l es el criterio legal para distinguir entre antecedentes relevantes y no relevantes para el SARLAFT? Por ejemplo, \u00bfdebo tratar diferente un delito de hurto que uno de lavado de activos?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 debo hacer si la informaci\u00f3n consultada en la Rama Judicial es ambigua, est\u00e1 desactualizada o carece de contexto?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfEs legal realizar una debida diligencia reforzada con base en informaci\u00f3n p\u00fablica sin autorizaci\u00f3n expresa del titular?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfHay conflicto entre el principio de finalidad de la Ley 1581 y el uso de estos datos en cumplimiento normativo?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfCree que la obligaci\u00f3n de informar previamente los requisitos de vinculaci\u00f3n y permanencia para clientes de mayor riesgo es suficiente para garantizar el debido proceso, o ser\u00eda recomendable implementar mecanismos adicionales de reclamaci\u00f3n o revisi\u00f3n para evitar arbitrariedades?<\/strong> <\/h3>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 medidas debo tomar para evitar que el uso de antecedentes judiciales sea considerado discriminatorio o una infracci\u00f3n a derechos fundamentales?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfMe basta con documentar el an\u00e1lisis o deber\u00eda establecer un comit\u00e9 de an\u00e1lisis \u00e9tico?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfPuedo conservar la evidencia de procesos judiciales consultados, y por cu\u00e1nto tiempo, sin infringir normas de protecci\u00f3n de datos personales?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1les son los principales desaf\u00edos que enfrentan las entidades financieras al aplicar criterios objetivos y razonables en la vinculaci\u00f3n de clientes, y c\u00f3mo pueden evitar que estas medidas se interpreten como discriminatorias?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 jurisprudencia me respalda para usar estos datos como parte de una pol\u00edtica de mitigaci\u00f3n de riesgo sin violar derechos fundamentales?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Desde su experiencia, \u00bfCu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes que han cometido las entidades financieras en la evaluaci\u00f3n del riesgo LA\/FT de clientes con antecedentes penales y c\u00f3mo podr\u00eda esta sentencia servir de gu\u00eda para corregirlos?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n